Ayuntamiento municipal de Lázaro Cárdenas desacata orden de juez federal y clausura planta

El gobierno municipal prácticamente extorsiona a esta compañía.
La empresa mantiene su política de cumplimiento a sus obligaciones dentro del marco de la ley.
Lázaro
Cárdenas, Michoacán.- El día de hoy, funcionarios públicos del ayuntamiento de
Lázaro Cárdenas, acompañados por la fuerza pública, haciendo uso de la fuerza,
ingresaron a nuestras instalaciones sin que mediara un acta ni orden para
realizar alguna clausura.
Referente a
las declaraciones por parte del ayuntamiento, expresando que la compañía no ha
cumplido con las actualizaciones del impuesto predial durante los últimos 6
años, por lo que exigen un pago retroactivo por la cantidad de $130 millones de
pesos, además del incremento mensual del mismo impuesto, manifestamos lo
siguiente:
ArcelorMittal
México, ha cumplido, año con año, con el pago puntual del impuesto predial
correspondiente de forma bimestral, como la ley lo permite, e incluso ha pagado
por adelantado a solicitud del ayuntamiento. De la misma forma, se ha
solicitado a municipio los permisos necesarios y ha cumplido con las
condiciones, procesos y obligaciones requeridas cada vez que se ha llevado a
cabo alguna instalación y/o construcción dentro del perímetro de la compañía.
Cabe mencionar que la empresa ha apoyado de forma sustancial en todos los
eventos donde protección civil ha solicitado apoyo con equipo técnico y de
emergencia.
Desde el día
11 de julio del presente año, la jueza 5ta. de Distrito del Estado de Michoacán
otorgó a ArcelorMittal México un amparo en contra de cualquier acto de clausura
por parte del ayuntamiento.
Al haberse
realizado esta clausura, a pesar de contar con una suspensión provisional en el
amparo, las autoridades municipales que hayan ordenado y realizado estos actos
caen en un desacato al haber violado las instrucciones del juzgado de distrito
y están afectando las garantías de seguridad jurídica, y también el interés
general de la sociedad sobre el estado de derecho y dicho acto de desobediencia
trae consecuencias serias para los funcionarios públicos dadas las acciones
intimidantes que estas autoridades han venido realizando en contra de
ArcelorMittal.
Reiteramos
que ArcelorMittal tiene una política de total cumplimiento a la normatividad
aplicable, por lo que, calificamos este acto como un abuso y desacato a la ley
federal. ArcelorMittal reitera que seguirá cumpliendo los compromisos que se
encuentren dentro del marco de la ley y seguirá trabajando para mantenerse como
una fuente laboral y de bienestar para las más de 8,000 familias de Lázaro
Cardenas que dependen directamente y sus comunidades, así como para los más de
50,000 empleos indirectos que generamos a través de nuestra cadena de valor.
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