Aguacatero de Uruapan tuvo que pagar una fuerte suma de dinero para liberar a su hijo secuestrado

 

Obtiene Fiscalía General, vinculación a proceso contra presunto responsable de Secuestro

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de marzo, en el municipio de Uruapan   Morelia, Michoacán.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo de un Juez de Control vinculación a proceso en contra de Gabriel L., presunto responsable del Secuestro del hijo de un aguacatero, del municipio de Uruapan. El pasado 8 de marzo, el agraviado se encontraba a bordo de un vehículo BMW, tipo X1, color blanco que estaba estacionado por fuera de su domicilio, momento en el que fue interceptado por personas armadas que lo amagaron y lo privaron de la libertad, situación que fue presenciada por su padre y hermano, que de inmediato presentaron la denuncia correspondiente ante la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS). Tras recibir las llamadas de las exigencias económicas, los familiares del agraviado accedieron a un primer pago, mismo que consistió en la entrega de una fuerte suma de dinero y un vehículo Dodge, tipo Attitude, color gris, que fue concretado el pasado 10 de marzo, sin que hasta ese momento tuvieran más información sobre el paradero del agraviado. Fue el pasado 13 de marzo cuando se negoció un segundo pago, en esta ocasión se entregó otra fuerte cantidad de dinero en efectivo y un auto BMW, color blanco de modelo reciente; al día siguiente, el agraviado fue puesto en libertad. Los hechos fueron del conocimiento de la UECS, misma que una vez que llevó a cabo las tareas de inteligencia e investigación de campo, logró establecer la posible relación de Gabriel L., en el Secuestro, de quien solicitó la respectiva orden de aprehensión que ya fue cumplimentada. En audiencia, el Juez de Control determinó que existen suficientes datos de prueba de la posible relación de Gabriel L., en el delito que la ley señala como Secuestro, por lo que resolvió su vinculación a proceso, fijó prisión preventiva oficiosa como media cautelar y estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria.