Recibirá Michoacán mil 56 millones de pesos, menos en el 2020.
Octavio Ocampo propone entregar el Premio Estatal anual al Mérito Forestal.
Lucila Martínez propone fortalecer desde la Constitución a los jueces administrativos.
Araceli Saucedo propone proteger derechos de los menores a compartir con ambos progenitores.
Resguardo de nuestro patrimonio natural: Tere López
Morelia, Mich.-El estado y los municipios de Michoacán recibirán por parte de la federación en el 2020 menos recursos, tan sólo en este 2019, los ajustes federales por el cero crecimiento de la economía implicaron recortes por mil 56 millones de pesos para nuestra entidad, afirmaron los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado.
En rueda de prensa los diputados Araceli Saucedo Reyes, Lucila Martínez Manríquez, Norberto Antonio Martínez Soto, Antonio Soto Sánchez, Octavio Ocampo Córdova y Humberto González Villagómez, se sumaron al llamado del Gobierno del Estado y de los presidentes municipales, así como de los sectores productivos, para cerrar filas y emprender medidas para fortalecer a Michoacán, por lo que demandaron el apoyo y respaldo de los legisladores federales de Morena, a quienes exhortaron a cumplir con las y los michoacanos y gestionar de manera unida por el progreso de la entidad, más allá de colores y partidos, recalcaron que el objetivo es brindar certeza y certidumbre a la población.
A las y los diputados, recalcaron que les corresponde velar por el desarrollo de la población que les otorgó la confianza para representarlos y no para dejarlos a la deriva, por lo que demandaron a las y los legisladores federales del partido Morena, a demostrar con hechos su compromiso con Michoacán y su gente.
“Michoacán no merece ese trato que le dieron, amparados en una falsa retórica de austeridad, ahorro y justicia social. En los hechos premian a sus afines y castigan a quienes tienen una visión distinta”.
Consideraron grave que el 68 por ciento de las partidas federales, se hayan concentrado solamente en seis estados de la República, los cuales son gobernador por Morena, por lo que exigieron un trato justo y equitativo para todas las entidades del país y sus municipios, así como a unirse para defender a Michoacán.
La distribución del gasto federal aprobado hace unos días por la Cámara de Diputados, señalaron destina la mayor parte de los recursos a programas sociales y, en contraparte, castiga a los sectores productivos con apoyos disminuidos y la ausencia de estrategias para reactivar la economía.
“Esa distribución injusta de los recursos lesiona las expectativas de crecimiento y desarrollo, particularmente de estados como Michoacán. Michoacán y sus municipios recibirán en el año 2020 menos recursos, recursos que son vitales para seguir avanzando”.
Ante los recortes que sufren sectores claves para el crecimiento del estado por parte de la federación y se tenían proyectados para infraestructura, seguridad, salud, educación, turismo, medio ambiente y obra pública, se vislumbra un panorama complicado para Michoacán, reconocieron.
Octavio Ocampo propone entregar el Premio Estatal anual al Mérito Forestal
Con el objetivo de reconocer a las personas, instituciones u organismos que han realizado aportaciones relevantes a favor de la conservación, protección y uso sustentable de los recursos forestales en Michoacán, el diputado Octavio Ocampo Córdova presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable y a la Ley Orgánica de Procedimientos del Congreso Local, con la que propone que se entregue un reconocimiento al Mérito Forestal en la entidad.
Con esta iniciativa también se busca reconocer el trabajo que realizan en los ejidos y comunidades, investigadores, expertos forestales, empresas, universidades, organizaciones de la sociedad civil, a favor de la conservación, protección, restauración y uso sustentable de los recursos forestales que representen beneficios a la sociedad.
Al hacer uso de la máxima tribuna, el diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD, resaltó que esta iniciativa también propone crear estímulos para quienes se distingan en labores tales como la plantación y la conservación de árboles, el combate de plagas forestales, la prevención y extinción de incendios de montes, y la protección del bosque.
“En Michoacán hay ejidos y comunidades que por su buen manejo forestal pueden ser premiados, investigadores de nuestras universidades que han contribuido al desarrollo de nuevas tecnologías como el mejoramiento de métodos de producción e industrialización de materia primas o nuevos usos de productos de origen silvícola; industrias y pequeñas empresas, entre otros, así como a docentes, medios de comunicación, universidades, artistas, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos nacionales”.
Octavio Ocampo refirió que el Premio Nacional Forestal fue otorgado a la primera comunidad indígena Nuevo San Juan Parangaricutiro, de Michoacán, el cual fue galardonado por su ejemplar esfuerzo para organizarse y participar comunitariamente en el aprovechamiento racional de su bosque.
Por ello, el legislador plantea que se entregue dicho reconocimiento al Mérito Forestal en Michoacán y que se priorice a la participación de las mujeres rurales, comunidades, ejidos, organizaciones de la sociedad civil y micro y pequeñas empresas que fomentan los servicios ambientales o promuevan el desarrollo forestal en la entidad.
“Hoy vivimos un tiempo difícil y complicado, las consecuencias del cambio climático, ya están haciendo efecto y empezamos a tener severos problemas. Sin duda hoy el cuidado al medio ambiente debe ser tarea de todos, y quienes tenemos una responsabilidad en la función pública tenemos que impulsar acciones integrales, con el apoyo de la sociedad”.
El objetivo del Premio Estatal al Mérito Forestal, recalcó, es reconocer a las personas, instituciones u organismos que han realizado aportaciones relevantes a favor de la conservación, protección y uso sustentable de los recursos forestales en Michoacán.
Octavio Ocampo, diputado por el Distrito de Huetamo se pronunció por cerrar filas y contribuir al desarrollo social, económico y ambiental, mediante el manejo integral sustentable que se realicen en los ecosistemas.
“Premiar el impulso del aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, se concibe como un sistema para garantizar el mejoramiento del nivel de vida de los michoacanos y el desarrollo de los bienes y servicios ambientales, llevando a cabo acciones tendientes a preservar los recursos suelo y agua, con la finalidad de evitar la erosión; propiciar el control de torrentes y evitar daños en la infraestructura hidráulica y de almacenamiento del agua en el Estado”.
Por último, se reforma la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado para que la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente tenga la facultad de hacer la entrega del Premio Estatal anual al mérito forestal.
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Lucila Martínez propone fortalecer desde la Constitución a los jueces administrativos
Para darles asidero constitucional a los jueces administrativos y fortalecer sus facultades, la diputada Lucila Martínez Manríquez presentó ante el Pleno de la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política de Michoacán.
Al hacer uso de la Máxima Tribuna, la diputada local propuso reformar el primer párrafo del artículo 95 de Constitución Política del Estado, el cual establece que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, será órgano autónomo, independiente en sus resoluciones y de jurisdicción plena en materia administrativa con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. Se integrará por cinco magistrados, de entre los cuales uno será su presidente electo por sus pares, en los términos que disponga la ley, y se agrega, así como por los Jueces Administrativos que designe el Pleno.
Recordó que en el año 2007 se creó el Tribunal de Justicia Administrativa como un órgano autónomo de control de legalidad, dotado de plena competencia y jurisdicción para dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las autoridades administrativas y fiscales y los particulares.
Lucila Martínez expuso que “inicialmente el artículo 95 de la Constitución Política del Estado, disponía que el Tribunal de Justicia Administrativa se integraba por tres magistrados, pero tras la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción en el año 2017, fue necesaria la inclusión de dos Magistrados especializados en materia anticorrupción y responsabilidades administrativas”.
Aunado a lo anterior y con el propósito de fortalecer el órgano judicial, la pasada legislatura reformó diversas disposiciones del Código de Justicia Administrativa del Estado, con el propósito de crear la figura de los Jueces Administrativos del Tribunal, quienes tienen la atribución de dirimir controversias administrativas en primera instancia, y la creación de la segunda instancia, a través del recurso de apelación, con la finalidad de que los particulares puedan recurrir las sentencias, en los casos en que convenga a sus interés.
“Sin embargo, no se realizó la reforma al citado artículo 95 de la Constitución Local, para dotar de asidero constitucional a los jueces administrativos, y es ésta la razón de mi iniciativa, ya que como legisladores tenemos la honrosa responsabilidad de revisar y actualizar el marco normativo para que no existan vacíos legales que puedan generar problemas a posteriori”.
Cuando se reformó el Código de Justicia Administrativa del Estado, se dotó a los jueces de una competencia procesal que no está reconocida en la constitución, por lo que Lucila Martínez presentó dicha iniciativa.
“El riesgo de que no se le dote de competencia constitucional a los jueces administrativos, es que alguna de las partes a las que no les favorezca alguna resolución, pudieran promover incidentes de nulidad de actuaciones o juicios de amparo”.
Reiteró que en un primer momento la legislatura anterior, dotó a los jueces del Tribunal de Justicia Administrativa de una potestad pública genérica que debe tener todo tribunal, al incorporar la figura en el Código de Justicia Administrativa del Estado, sin embargo, insistió en que es necesario incorporarlos al texto constitucional para generar mayor certeza jurídica.
En este sentido, algunos procesalistas han señalado que un juez con competencia es, al mismo tiempo un juez con jurisdicción; pero un juez incompetente es un juez con jurisdicción y sin competencia.
“Es por ello, que resulta importante que un órgano jurisdiccional que ha de conocer de un determinado asunto, además de tener jurisdicción ha de contar con la competencia específica para conocer del mismo”.
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Araceli Saucedo propone proteger derechos de los menores a compartir con ambos progenitores
Con el objetivo de proteger los derechos de los menores a vivir en familia y a mantener relaciones afectivas con ambos progenitores, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, Araceli Saucedo Reyes propuso una reforma al Código Familiar del Estado.
Los artículos 318 y 422 del Código Familiar vigente, expuso la líder de la bancada perredista en la Máxima Tribuna de la LXXIV Legislatura Local, vulnera el derecho del menor de vivir en familia y a mantener relaciones afectivas con ambos progenitores y resulta una medida desproporcionada, que por sí sola la norma impide al Juez, salvaguardar el interés superior de los menores, por lo que es necesario reformarlos.
“En tal circunstancia podría resultar contraproducente el bienestar del menor, privarlo del contacto con el progenitor alienador (con el que él se siente identificado), separándolo de su lado y cambiándolo de entorno, y obligándolo a una convivencia con el padre alienado (al que rechaza). Con lo anterior, no quiero decir que no hay violencia, o desconocer la alienación parental, pero tratándose de los menores debemos de velar siempre por su bienestar, y estar conscientes que estos cambios que en algún momento serán impuestos por la intervención de un juez, el menor los puede tomar de forma negativa, y rechazando aún más a su progenitor”.
No obstante, Araceli Saucedo expuso la necesidad que al momento de que el Congreso del Estado regule la alienación parental, se debe considerar que la afectación de la sanción por la conducta de la madre o el padre sea hacia este y no en perjuicio de los hijos, ya que se han registrado casos, en los que se ha perjudicado el desarrollo y seguridad del menor, al impedir finalmente la convivencia con alguno de los padres, y en algunos casos se ha determinado la separación del menor de ambos, quedando bajo el cuidado de familiares o una institución.
La diputada por el Distrito de Pátzcuaro, hizo mención que en la actualidad el país ha venido experimentado un incremento considerable de divorcios, según datos del INEGI, el año pasado creció 6.5 por ciento, pasando de 147 mil en 2017, a 156 mil 556, por diversas causas que motivaron la separación.
Por consecuencia, los juicios del orden familiar se incrementaron en los últimos años, incluyendo procesos relacionados con la pensión alimenticia, custodia de hijos, pérdida o suspensión de la patria potestad.
“El divorcio implica el derrumbamiento de los planes comunes, donde la familia se ve obligada a reestructurar sus proyectos de vida, pero conservando el vínculo parental que une a los padres, así como el cumplimiento conjuntamente de las funciones de crianza”.
Sin embargo, en algunos casos el divorcio por los conflictos entre las parejas se afecta a los hijos y la alienación parental es un fenómeno complejo, que a la fecha la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señaló que no existe un consenso científico sobre este tema.
“La alienación parental, ha sido definida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como las conductas que lleva a cabo el padre o la madre que tiene la custodia de un hijo o hija, e injustificadamente impide las visitas y convivencias con el otro progenitor, causando en el niño o niña un proceso de transformación de conciencia, que puede ir desde el miedo y el rechazo, hasta llegar al odio”.
Lamentablemente, subrayó que la alienación parental, es empleada para generar más desgaste en la relación familiar, en algunos casos pretender evadir el pago de una pensión alimenticia, evitar que el otro progenitor conviva con el menor, llegando a influir de manera negativa en los hijos.
“Por lo que respecta a la legislación en materia familiar en nuestro Estado, el Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, cuenta con un capítulo denominado violencia familiar, en el que se enmarca a la alienación parental como un tipo de violencia, así como los efectos de la misma, donde de manera gradual bajo un procedimiento el juez deberá valorar al momento de resolver la situación jurídica del menor respecto a sus progenitores, pudiendo determinar hasta la pérdida definitiva de la guarda y custodia”.
Araceli Saucedo puntualizó que debe tomarse en cuenta el interés superior de la niñez, al momento de pretender actuar contra su progenitor alienante, pues si bien es cierto éste ha actuado de manera incorrecta generando sentimientos negativos hacia su otro ascendiente, al final el daño puede revertirse mediante el apoyo y orientación psicológica que se pueda dar al menor de edad, en cambio la prohibición de convivir con el progenitor alienante, es un daño irreparable para el menor, ya que esto tendrá como consecuencia en la afectación de sus sentimientos y desarrollo integral.
“No olvidemos que los niños, niñas y adolescentes que han sido parte de la alienación parental, mantienen un vínculo muy cercano y emocional con el padre o la madre alienante, consecuentemente la separación generaría, más que una sanción para el alienante, un daño al menor agravando las circunstancias, y con esto hasta se podría correr el riesgo de aumentar el rencor hacia el otro ascendiente”.
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