En pleno repunte, diputada de MORENA se opone al uso obligatorio del cubre bocas para evitar contagios Covid.

 

En medidas como el uso del
 cubre bocas, el gobierno debe 
apostar por la concientización, 
antes que pensar en sanciones: 
Cristina Portillo.
* No hay condiciones materiales para castigar a quien decida no utilizarlo o no pueda hacerlo, señaló la legisladora.

Morelia, Michoacán.- "La intención del gobierno del estado de castigar con prisión domiciliaria a quien no use la mascarilla cubrebocas como una medida aislada, parece más un acto propagandístico de riesgosas consecuencias y que pretende capitalizar el pánico en una falsa pose que terminara en una ley muerta", señaló la diputada local Cristina Portillo Ayala en un comunicado.

"La Organización Mundial de la Salud sostiene que 'las mascarillas deben utilizarse como parte de una estrategia integral de medidas para suprimir la transmisión y salvar vidas; el uso de una mascarilla por sí sola no basta para proporcionar una protección adecuada contra la COVID-19'", dijo Portillo Ayala quién remarcó que 'por sí sola, la mascarilla no basta para proporcionar una protección adecuada'.

La propuesta de castigar a quien no utilice cubrebocas en la entidad es materialmente imposible de aplicar puesto que hay michoacanas y michoacanos cuyas condiciones económicas no les permitirían adquirir y utilizar un cubrebocas de manera correcta. “Podemos estar estimulando el uso de mascarillas, simplemente como un requisito y encontrarnos a ciudadanos utilizando trapos, mascarillas mal puestas o recicladas; con tal de no hacerse acreedores de la sanción”, remarcó la diputada.

Finalmente, Portillo Ayala dijo que no hay razón de ser en el obligar a los ciudadanos a usar el cubrebocas. "Un reciente estudio del Colegio Imperial de Londres (http://www.coviddatahub.com/) señala que los hábitos como el uso de mascarillas fuera de casa y el lavado frecuente de manos con jabón y agua, se ha generalizado más en México que en países como en Japón o el Reino Unido, alcanzando niveles cercanos al 90 por ciento de los entrevistados y esto deriva de una estrategia de convencimiento del gobierno federal que ha apostado a la concientización, más que a la coerción".