El día que Uruapan se quedó sin policías

Ayer 14 de enero se cumplieron siete años de la disolución de la Policía Municipal

Uruapan, Mich.-  parecía un día como cualquier otro y los habitantes de esta ciudad no imaginaron que marcaría un hito en la historia local, ya que ese día fue cuando Uruapan se quedó sin policías.

En esa época el gobierno federal, con Enrique Peña Nieto a la cabeza había enviado a un representante plenipotenciario; a Alfredo Castillo Cervantes , quien se había desempeñado como procurador de Justicia del Estado de México y fue designado como titular de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán .

Castillo Cervantes tenía la consigna de pacificar Michoacán, un territorio en el cual la delincuencia organizada había permeado en prácticamente todos los aspectos de la existencia.

Una de las acciones atribuidas a Alfredo Castillo fue precisamente la desarticulación de diversas Secretarías de Seguridad Pública de la entidad, entre ellas, la de Uruapan.

Ese 14 de enero del 2014, sin aviso previo se mandó llamar a todos los policías municipales preventivos y policías encargados de Tránsito y Vialidad, a la sede de la mencionada dependencia, la cual desde hace unos 35 años se ubica en la calles Naranjo y Eucaliptos, en el fraccionamiento Miraflores.

Ahí se acuarteló a unos 500 elementos y a sus mandos medios. A todos se les requirieron las armas.

Alrededor de las 15:00 horas, la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, fue tomada por aire y tierra, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Federal.

A los elementos municipales ya no se les permitió salir, sino hasta dos días después; pero no para reintegrarse a sus actividades, sino para dirigirse, escoltados por las fuerzas federales, en autobuses a campamento militar en el estado de Puebla.

A los que se negaron a ir se les dio de baja inmediatamente.

La despedida de los policías del 16 de enero, por parte de sus familiares, quienes no los habían visto desde el 14, fueron horas duras y emotivas para las partes, ya que la información era escasa y abundaba la incertidumbre.

Desde el primer día del acuartelamiento se generaron protestas de los familiares y de presuntas organizaciones sociales, las cuales continuaron incluso al día siguiente de que los uniformados habían partido.

Se dijo que los policías y elementos de Tránsito irían a un campamento a capacitarse, de manera obligatoria, pero en realidad era una especie de arresto, que según se supo después estuvo plagado de dificultades y carencias para los que se fueron .

Desde ese entonces se vivió un periodo en el que no había uniformados en la ciudad. Más tarde la policía federal se hizo cargo del trabajo de seguridad preventiva y civiles asumieron parte de las labores de los agentes de Tránsito.

Ahora a siete años del suceso apenas hay unos 200 policías municipales y elementos de Tránsito, pero ya no se logró conformar el cuerpo que contaba con unos 500 uniformados.