Defraudaron a los michoacanos, compraron un equipo en casi seis millones de pesos, pero no costaba ni 150 mil pesos
Tres ex empleados del Congreso de Michoacán, están vinculados a proceso.
Morelia, Michoacán.- La FiscalĂa Especializada de Combate a la CorrupciĂłn (FECC) obtuvo vinculaciĂłn a proceso en contra de Mario Alberto “N”, ex servidor pĂşblico del Congreso del Estado de Michoacán, por su presunta responsabilidad en el delito de fraude y uso ilĂcito de atribuciones y facultades, cometidos en agravio del Poder Legislativo local.
De acuerdo con las investigaciones, el 30 de diciembre de 2021, MarĂa Isabel “N”, ex Apoderada jurĂdica del Congreso del Estado, de la LXXV Legislatura, adquiriĂł de un proveedor un sistema de software por la cantidad 5 millones 590 mil pesos; compra que fue autorizada por la ex Directora General de AdministraciĂłn y Finanzas, Beatriz Ariadna “N”, por indicaciones del ex Secretario de Finanzas y AdministraciĂłn del Congreso, Mario Alberto “N”, sin contar con las atribuciones para ello.
Al tener conocimiento del caso, el agente del Ministerio PĂşblico de la FiscalĂa Especializada de Combate a la CorrupciĂłn (FECC) y una vez que se llevĂł a cabo el peritaje respectivo, se determinĂł que la herramieta adquirida tiene un valor de 134 mil pesos, precio inferior al que fue pagado, razĂłn por la que fue presentada una denuncia.
Al recabarse los datos de prueba que relacionan a los investigados en los hechos denunciados, los tres ex funcionarios fueron presentados ante el Juez de Control mediante citaciĂłn.
Primeramente, en audiencia, el Ăłrgano jurisdiccional resolviĂł vincular a proceso a MarĂa Isabel “N” y a Beatriz Ariadna “N”, a quienes se les fijaron medidas cautelares y se otorgĂł un plazo de dos meses para el cierre de la investigaciĂłn complementaria.
Por su parte, la defensa de Mario Alberto “N” solicitĂł duplicidad del tĂ©rmino constitucional, por lo que, al llevarse a cabo la audiencia respectiva, un Juez de Control lo vinculĂł a proceso; le fijĂł medidas cautelares y estableciĂł un plazo de dos meses para el cierre de la investigaciĂłn complementaria.
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