Mejora regulatoria, gobierno digital y buen gobierno: armas anticorrupción

Morelia, Michoacán.- El avance de la lucha anticorrupción en México está vinculado con la implementación de la mejora regulatoria y el gobierno digital, y con el cumplimiento del derecho humano al buen gobierno.

“En mucho, de estos elementos depende que podamos abatir este fenómeno y así, evitar la pérdida de14 mil millones de pesos anuales por actos de este tipo, en detrimento de la hacienda pública de nuestro país”, planteó hoy, el magistrado Hugo Gama Coria.

El titular de la Cuarta Sala Especializada en Materia Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) participó en el foro digital: “La justicia administrativa en Michoacán, retos y perspectivas”, organizado por las Secretaría de Finanzas y Administración y de Desarrollo Económico en el estado.

En su intervención, el magistrado subrayó que los actos de corrupción en el espectro del servicio público nacional provocan daño al erario público, y que esto ello deriva en la violación de los derechos sociales, culturales y económicos de la ciudadanía.

Esto es, que los derechos de acceso a la alimentación, a la salud, a la educación, a una vivienda adecuada y otros, son vulnerados por dichos actos y, aún más: “la corrupción afecta el funcionamiento de las instituciones, por ende, del sistema y en sí, del Estado”, expresó.

Tales actos deben combatirse y sancionarse, ya por vía administrativa o penal, pero sobre todo deben prevenirse “desde cada oficina pública, y para ello es que ayudan los procesos de la mejora regulatoria y el gobierno digital”, ya que agilizan y simplifican la prestación de licencias, trámites y servicios, reducen la burocracia y disminuyen el contacto entre servidores y usuarios, expuso.

Por otra parte, añadió, “es también necesario reconocer que el buen gobierno es un derecho de la población amparado en criterios del derecho internacional; que es una prerrogativa colectiva el exigir a la clase gobernante que el servicio público se concrete en forma eficiente y con calidad, pues esto es necesario para que las poblaciones puedan tener una vida digna”.

Sin embargo, debe avanzarse al respecto en Michoacán, pues “durante las capacitaciones que hemos ofrecido a personal de las contralorías municipales y de órganos autónomos en el estado, hemos detectado por ejemplo que muy pocos Ayuntamientos han revisado su normativa interna para mejorar el servicio público, y esto representa una carencia importante:

“Porque no se ataca de fondo el problema de la burocracia. Es imperante una revisión de los reglamentos internos y bandos de los Municipios, a fin de que cuenten con disposiciones normativas de fácil aplicación para que el servicio público pueda prestarse en forma efectiva y expedita”, propuso el también maestro en derecho constitucional.

Ante un fenómeno tan importante como corrupción, el estado y la federación cuentan en la mejora regulatoria y el gobierno digital, con herramientas para fundar “políticas permanentes con esta visión de desarrollo que involucren a todas las áreas de gobierno y a la sociedad civil”, a fin de abatirlo.

Por último, el magistrado Gama Coria reconoció los progresos que, desde las dependencias del Gobierno estatal, se han logrado en dichos rubros, así como la propia Ley de Gobierno Digital aprobada por el Poder Legislativo hace algunos meses.

“Caminemos en ese mismo sentido, hay que continuar hasta lograr la digitalización de todos los servicios públicos que se presentan en Michoacán. Esto, aunado a la promoción permanente de las denuncias ciudadanas, podrán ofrecernos resultados importantes en este sentido”, concluyó.

Rinde cuentas Contraloría del TJAM

Morelia, Michoacán. Con datos sobre cumplimiento normativo, fiscalización de recursos públicos y difusión y capacitación en materia administrativa, entre otros rubros, hoy fue presentado el Informe Anual de Resultados de Gestión del Órgano Interno de Control (OIC) del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Michoacán (TJAM) ante la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado.

En reunión con la diputada presidenta de la Mesa, Adriana Hernández Íñiguez, el contralor del Tribunal de Justicia Administrativa, Mario Pineda Bañuelos, comentó sobre los resultados obtenidos en el cumplimiento de obligaciones del OIC, destacando el carácter colegiado de las decisiones y acciones evaluadas al interior de este órgano jurisdiccional en el periodo de julio 2021 a julio de 2022.

Tales trabajos, dijo Pineda Bañuelos, han sido posibles en virtud de que “la contraloría del TJAM cuenta con una estructura robusta para el cumplimiento de sus responsabilidades de ley, la cual fue aprobada por el Pleno y gracias a ello hemos logrado dar respuesta puntual a los planteamientos de los usuarios de la justicia administrativa” en nuestra entidad.

De acuerdo con el contralor, en el periodo del Informe el Tribunal registró poco más de 40 observaciones para sus áreas administrativas y jurisdiccionales por parte de entes fiscalizadores federales y estatales, todas ellas “subsanadas de manera puntual a través de un total de ocho auditorías”, informó.

Como resultado de lo anterior, “este Tribunal ha logrado fortalecer aún más sus procesos internos”, explicó el contralor, al hablar también de la creación de distintos comités para la toma de decisiones conjuntas en este órgano de justicia.

El más importante, para la Contraloría, es justamente el Comité de Adquisiciones “donde el contralor participa activamente, para dar seguimiento puntual al uso del presupuesto público por parte del TJAM, el cual, de cierto, se ha manejado con eficacia y eficiencia”, expuso.

Acompañado por la magistrada y magistrados integrante del Pleno del Tribunal, el contralor Pineda Bañuelos explicó sobre lo realizado en la atención de 39 denuncias –vía investigación, substanciación y resolución– de ciudadanos en torno a presuntas faltas administrativas de personas servidoras públicas del TJAM; así como un total de seis Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa.

Otros aspectos del Informe son el cumplimiento en la presentación de la Declaración Patrimonial de las y los integrantes del Tribunal; la aprobación e implementación de normativa interno, como lineamientos, procedimientos y manuales, además de un Código de ética y de Conducta para el personal; así como los resultados de la conformación de la Alianza de Órganos Internos de Control del Estado, cuyo fin es el cumplimiento de la ley en esta materia. 

En esta reunión en el Congreso de Michoacán, el magistrado presidente del TJAM, J. Jesús Sierra Arias, comentó que este ejercicio “hace patente nuestro cumplimiento de la norma”, a la vez que abre una ventana para que este órgano jurisdiccional pueda proponer ante el Legislativo el fortalecimiento de la normativa jurídica que lo define, pues:

“No hemos contado con un marco normativo suficientemente eficaz para nuestros procedimientos; pero, si el Congreso del Estado nos apoya en este sentido, seguramente rendiremos mejores frutos para la sociedad michoacana”, planteó.