Que Nacho Campos saque las manos del Antiguo Cine Odeón. Sospechan que apoya a quienes promueven un despojo.
El lugar fue comprado por particulares de la organización Mercado Central, que enfrentan una invasión de este lugar.
Uruapan, Mich.- Que el presidente municipal Ignacio Benjamín Campos Equihua, saque las manos del conflicto que prevalece por la posesión del antiguo cine Odeón, que está ocupado por invasores, al mando de uno de los socios, en detrimento del resto, de los que compraron ese inmueble.
Así lo demandaron los particulares que están integrados en la organización Mercado Central.
Los integrantes de esa organización , bloquearon ayer martes, por un par de horas, el primer cuadro de la ciudad, al instalarse en plantón en la carpeta asfáltic , que se ubica en el lado norte de la plaza Mártires de Uruapan y la sede de la Secretaría de Hacienda.
Luego liberaron la calle, como una muestra de buena voluntad, a fin de no entorpecer ni el libre tránsito, ni el tianguis artesanal de Domingo de Ramos, a fin de establecer un diálogo con funcionarios municipales; aunque finalmente el diálogo no prosperó, ya que la Secretaría del Ayuntamiento evadió aplicar la ley.
Los manifestantes indicaron que uno de los socios, Francisco Grano, con personas ajenas al lugar, no solo mantiene invadido el antiguo cine, sino que instaló unas regaderas públicas clandestinas, sin permiso de Ayuntamiento.
Por ello, al margen de la disputa legal que se está desarrollando jurídicamente, los propietarios del lugar, le pidieron a las autoridades municipales clasurar las regaderas clandestinas, que tampoco presentan permiso de CAPASU.
Sin embargo en reunión realizada en la biblioteca pública municipal, Justo Sierra, tanto la secretaria del Ayuntamiento. Alelí Chávez Aniceto, el asesor jurídico, Luis Manuel Cabrera Cázares y el jefe de Inspectores, Luis Ernesto Equihua Rico, evadieron clausurar las regaderas clandestinas, que uno de los socios del Mercado Central, instaló para hacer negocio, sin consultar al resto de los socios que pagaron ese inmueble a razón de 6 millones 800 mil pesos.
La parte que tenían que aportar los socios era de 3 millones 400 mil pesos, pero como algunos de los socios no pusieron su parte, los que sí pagaron tuvieron que aportar el doble.
Aquí los videos donde se evidencia que los funcionarios municipales admitieron que las regaderas públicas no cuentan con licencia, pero se resistieron a clausurarlas:
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